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septiembre 20, 2017

Ciudades, la piedra angular del desarrollo de América Latina

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Written by: Metro en Bogotá
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La informalidad laboral, de vivienda y de transporte público en las ciudades latinoamericanas están limitando el crecimiento y frenando las aspiraciones de alcanzar mejores niveles de desarrollo socioeconómico, según el RED 2017.
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Un breve paseo por los alrededores de las principales ciudades de América Latina bastará para apreciar la gran cantidad de viviendas informales hacinadas en barrios vulnerables, muchas de ellas con acceso inestable o inexistente a servicios básicos como agua o electricidad. Para ponerlo en cifras, entre el 20% y el 30% de los habitantes de la región viven en asentamientos informales.

En México DF, Buenos Aires, Bogotá, Lima o San Pablo también es común cruzarse diariamente con vendedores ambulantes o con trabajadores sin contrato formal, que consecuentemente no cotizan ni tienen cobertura médica, por ejemplo. Hoy en día casi la mitad de los trabajadores latinoamericanos trabajan informalmente.

Si a estas realidades sumamos los históricos problemas de movilidad en los principales centros urbanos de la región -que provocan innumerables horas perdidas en atascos-, tendremos lo que los expertos denominan la “triple informalidad” (en vivienda, transporte y empleo), uno de los principales factores que explican los bajos índices de productividad y competitividad de América Latina.

De hecho, según el nuevo Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2017) de CAF, la situación en la mayoría de ciudades latinoamericanas ha impedido que la región alcance los niveles de desarrollo registrados en las economías más avanzadas.   

La buena noticia es que el RED 2017, titulado “Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desafío para América Latina”,considera que es posible revertir esta situación y aprovechar los beneficios económicos de la urbanización, en una región donde 8 de cada 10 habitantes vive en ciudades. Para ello, en los próximos años América Latina deberá apostar por centros urbanos accesibles que se conviertan en motores de crecimiento e inclusión social, para lo que será necesario incidir en tres dimensiones:

  • El uso del suelo, que establece dónde se localizan las empresas y las familias en una ciudad
  • El mercado residencial, que determina la calidad de las viviendas, así como su disponibilidad y precio
  • La oferta e infraestructura de transporte, que define cómo se mueven las personas y las mercancías en el interior de la ciudad.

“Estas dimensiones, articuladas eficientemente a través de políticas públicas coordinadas a nivel territorial y sectorial en el ámbito metropolitano, deberían contribuir a facilitar el acceso a oportunidades económicas de las ciudades y, paralelamente, a mejorar su competitividad”, asegura Pablo Sanguinetti, economista jefe de CAF y coordinador del informe.

Entre las principales razones que han impedido aprovechar las ventajas de la urbanización se encuentra el estado de las infraestructuras, tanto de transporte como de servicios públicos, generalmente asociadas a regulaciones restrictivas de uso del suelo. Las infraestructuras existentes no han permitido que las urbes de la región puedan absorber los flujos migratorios y expandir su tamaño de forma ordenada y sostenible, hecho que ha favorecido la proliferación de  asentamientos informales o la desfavorable movilidad urbana, entre otros.

En cuanto al transporte, la evidencia muestra que la infraestructura de movilidad en la región es escasa e inadecuada en comparación con las ciudades de países desarrollados, hecho que dificulta el acceso a los mejores empleos disponibles y que, paralelamente, impide que las empresas dispongan de la mano de obra más preparada. Según la encuesta hecha por CAF para el RED 2017, en ciudades como San Pablo, Bogotá, Ciudad de México y Lima una cuarta parte de la población emplea por lo menos una hora al día para llegar a su trabajo, mientras que el latinoamericano promedio tarda 40 minutos desde su casa al trabajo (sin contar el tiempo de retorno). En este sentido, el 39% de los latinoamericanos se desplaza en transporte público para ir a trabajar, el 22% en trasporte privado y el 26% a pie, en contraste con las cifras registradas en Europa, donde 23% usa el transporte público, el 54% el privado y el 11% camina. En Estados Unidos el 90% usa el transporte privado.

Para mejorar esta situación el RED 2017 aboga, entre otras medidas, por un enfoque de política pública que haga a los usuarios de automóviles y motocicletas responsables por los costos sociales y ambientales que producen sus desplazamientos.

En cuanto a la vivienda, el RED asegura que en América Latinala vivienda está fuera del alcance de los presupuestos de muchas familias. De hecho, se calcula que un apartamento de 50 metros cuadrados podría consumir 30 años de ingresos promedio en varios países. Los déficits habitacionales de la región se manifiestan, por ejemplo, en un acceso limitado a servicios públicos. Entre las soluciones que propone el reporte se encuentran la flexibilización de la oferta inmobiliaria y del marco regulatorio de uso del suelo y estándares de edificación, o la agilización de los procesos burocráticos de permisos de construcción y registros de propiedad. Adicionalmente, por el lado de la demanda se requiere una mayor generación de ingresos y fomentar el acceso al crédito hipotecario.

Gobernanza

El éxito de las intervenciones en áreas como el uso del suelo, la movilidad y el mercado de la vivienda depende en gran medida de la gobernanza metropolitana. Las ciudades deben contar con disposiciones institucionales que permitan implementar políticas públicas eficientes, siguiendo procesos transparentes y participativos.

Según el RED 2017, una buen gobernanza metropolitana descansa en tres pilares. Por un lado, el balance entre la complejidad de los problemas/políticas a atender y el arreglo institucional que se diseña para tal efecto; segundo, los recursos financieros y humanos con que puede contar; y tercero, su legitimidad política (rendición de cuentas ante el ciudadano).

En este sentido, es imprescindible fortalecer a las instituciones y las capacidades estatales a nivel metropolitano para coordinar eficientemente las políticas públicas y llevar a las ciudades latinoamericanas a un nuevo equilibrio basado en la inclusión social y, en definitiva, en el bienestar de los ciudadanos.

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