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Abril 9, 2012

La devolución del dinero es la clave

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Written by: Metro en Bogotá
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Expectativa por audiencia del 11 de abril

Si a los primos Nule se les otorga el principio de oportunidad pero no se les exige que devuelvan dineros al Estado por los daños causados, parte de la pelea económica contra la corrupción estará perdida.

Para el próximo miércoles 11 de abril, ante un juez de control de garantías, está previsto que tenga lugar la audiencia en la que se establecerá si se concede o no el principio de oportunidad a los primos Guido, Manuel y Miguel Nule dentro del proceso por el carrusel de la contratación en Bogotá. Pero con la misma importancia del objetivo de la diligencia judicial, hay una pelea de fondo de máxima trascendencia: saber si existe la posibilidad de que los Nule devuelvan al Estado los dineros del daño que causaron, como ha sido la pretensión de la Contraloría General.

Una controversia que ha sacado a flote las distintas posiciones de la justicia penal y de los órganos de control respecto a dos escenarios de los polémicos primos Nule: la forma como los procesados siempre han jugado a saldar sus cuentas judiciales al menor costo posible; y la pelea de la Contraloría por demostrar que en la defraudación provocada por los Nule se perdieron dineros del Estado que deben recuperarse. El cálculo del daño total, según el organismo fiscal, es de $226.000 millones y los primos Nule tienen con qué pagarlo.

La pelea se inició desde la primera audiencia en que los Nule comparecieron ante la justicia.

Sorpresivamente, cuando todos hacían cuentas para resolver de manera expedita la responsabilidad penal de los empresarios, el abogado de la Contraloría, Édgar Ortiz Ricaurte, sorprendió a propios y extraños con una solicitud: que se aceptara al organismo de control como víctima de los actos de corrupción cometidos en el llamado escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.

Hasta ese momento sólo se hablaba del IDU como víctima.

Como era de esperarse, la posición de la Contraloría entrabó los acuerdos que hacia abril de 2011 adelantaba la Fiscalía con los primos Nule. Eso explica por qué el ente acusador se opuso a la petición del abogado Ortiz Ricaurte y recibió apoyo del delegado de la Procuraduría y, obviamente, el de los abogados de los primos Nule. Sin embargo, de manera autónoma, el juez cuarto con función de garantías, Juan Pablo Lozano, sorprendió al auditorio cuando aceptó que la Contraloría General fuera incluida como víctima de las conductas ilegales de los empresarios.

De hecho, en ese momento la Contraloría ya venía dándole sus primeras puntadas a lo que con el paso de los días convirtió en un expediente de responsabilidad fiscal contra 28 funcionarios, 22 contratistas, 5 interventores y 8 garantes, todos ellos indagados en uno de los capítulos del caso Nule: el de las defraudaciones en desarrollo de la construcción de la Fase III de Transmilenio en la calle 26. El mismo escándalo que dio pie al derrumbe de la organización empresarial y a la caída del entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno.

A lo largo de los últimos 12 meses, el tira y afloje por la exigencia de la Contraloría para que los Nule aceptaran devolver los dineros de su defraudación se fue convirtiendo en el obstáculo de fondo para que ellos concretaran rápidamente un principio de oportunidad, que a su vez les permitiera acelerar el momento de su libertad a cambio colaborar con la justicia. “La Contraloría General no se opone al principio de oportunidad, siempre y cuando haya devolución de dineros”, fue la insistencia del abogado Édgar Ortiz Ricaurte.
Sin embargo, no sólo el tema de la devolución de los dineros en el que insiste la Contraloría puso en aprietos a los Nule.

Desde las primeras audiencias, el organismo fiscal pidió que se les imputara el delito de lavado de activos, e interpuso una acción popular para establecer la responsabilidad de todos los componentes del grupo Nule en la afectación del patrimonio público. De la misma forma urgió a la Superintendencia de Sociedades al embargo de varias empresas y a la Cancillería para que le permitiera recaudar pruebas en el exterior.

El tiempo fue pasando y los planes de los Nule para obtener un principio de oportunidad a corto plazo, y de paso quitarse de encima al menos cuatro delitos, se fueron aplazando en favor de la justicia.

Sus abogados empezaron a reclamar, y a las indecisiones se sumó la crisis vivida al interior del ente investigador, primero por el cambio de fiscal en el caso Nule y después por los conocidos sucesos que revelaron la nulidad de la elección de la fiscal Viviane Morales, su posterior renuncia y la designación de Eduardo Montealegre.

Hace menos de dos meses se produjo un cambio clave en este proceso. La Procuraduría, que tenía una posición remisa ante las pretensiones de la Contraloría respecto a exigirle a los Nule la devolución de dineros como parte del principio de oportunidad, cambió de parecer y respaldó al organismo de control. Era claro que el asunto penal iba s ser más rápido que los procedimientos fiscales, y el respaldo del Ministerio Público creó buen ambiente para cerrar el paso a la impunidad económica en diversos episodios de corrupción.

En estas condiciones, hasta la semana anterior la audiencia del miércoles 11 de abril se advertía crucial por la trascendencia de las decisiones. No obstante, ocurrió algo inesperado: el viernes 30 de marzo, el abogado Édgar Ortiz, el mismo que había documentado los términos de la defraudación de los Nule y que había dado la pelea para que se les exigiera la devolución de los dineros por el daño causado, renunció a su cargo como Director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para la Defensa. De paso, dejó también el caso Nule.

A las puertas del momento clave del proceso contra los Nule, la ausencia del abogado que aportó los hallazgos probatorios más importantes para clarificar las dimensiones del daño causado al Estado ha provocado toda clase de conjeturas. El Espectador intentó conocer las razones del abogado Ortiz para su dimisión, pero él se limitó a comentar que confía plenamente en el trabajo que está desarrollando la contralora Sandra Morelli, que sus diferencias nada tienen que ver con el caso Nule y que el organismo mantendrá su posición.

Aun así, hay quienes dan por descontado que el principio de oportunidad que pretenden lograr los Nule y que tiene que ser avalado por la Fiscalía no va a tener mayores problemas para su aprobación. La razón: sólo así los primos Guido, Manuel y Miguel Nule serían los testigos estelares en el proceso que se adelanta contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, por los atrasos y demás irregularidades en el desarrollo de la Fase III de Transmilenio en la calle 26. ¿A qué costo? Hay quienes creen que desaparecerían cuatro de los cargos que se les han imputado.

Como es de conocimiento público, los Nule aceptaron cargos por peculado. Sin embargo, en desarrollo del proceso, fueron apareciendo pruebas de que también habrían incurrido en los delitos de cohecho, falsedad documental, fraude procesal y concierto para delinquir. Eso sin contar los argumentos de la Contraloría respecto al lavado de activos. De prosperar el principio de oportunidad, podrían caer todos los cargos menos el primero. Pero a cambio, la Fiscalía tendría cartas fundamentales a la hora de encarar el caso Moreno.

En medio de los cálculos judiciales y de la ausencia del abogado Ortiz, quien había sido determinante en la campaña por preservar el patrimonio del Estado, el otro asunto en juego en la audiencia del próximo miércoles es la responsabilidad fiscal de los protagonistas del escándalo de la Fase III de Transmilenio. El argumento de los entendidos es claro: si penalmente no prospera la exigencia a los Nule para que devuelvan dineros, el proceso fiscal para resarcir los daños causados quedaría en vilo.

Y en este frente de trabajo hay otra cuenta pendiente. Desde el pasado diciembre de 2011 quedó en firme el auto de imputación de responsabilidad fiscal contra 63 personas por las irregularidades en el manejo de los recursos públicos de la Fase III de Transmilenio. Sus casi 500 páginas detallan no sólo el monto del daño fiscal calculado en más de $226.000 millones, sino la responsabilidad individual por adiciones presupuestales, pago de anticipos, ausencia de diseños y demás errores cometidos en esta megaobra.

En buena medida, de lo que pase en la audiencia del próximo miércoles 11 de abril pueden depender los avances de la Contraloría y su investigación, que documenta desde el momento en que el IDU suscribió un convenio interadministrativo para la ejecución de la obras del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio en 2001, pasando por la forma como se adjudicó la Fase III de la calle 26, hasta el momento en el que se precipitó la crisis, vino la intervención del Estado y el descalabro político que dio lugar al escándalo judicial.

Para sintetizar: el tema no es de poca monta.

Menos si se tiene en cuenta que en un proceso de responsabilidad fiscal con las proporciones del expediente Transmileno calle 26, el resarcimiento al Estado sería solidario entre los causantes del daño económico. Una tarea difícil de calcular y más compleja de definir. Por eso, en la Contraloría las alarmas están prendidas. Y en parte se tiene claro que si no se les exige a los Nule la devolución de los dineros y en cambio se les dan prerrogativas judiciales sin esa garantía, el verdadero castigo a la corrupción, que debe ser económico, quedaría en veremos.

“No dependemos de la Fiscalía”

La contralora, Sandra Morelli, observó que el abogado Édgar Ortiz cumplió un magnífico trabajo como defensor del erario público y que su trabajo sentó las bases para que no se siga dudando de la legitimidad de la Contraloría General a comparecer como víctima en diferentes procesos penales.

Ante su ausencia, la funcionaria expresó que quien lleve la representación de la Contraloría seguirá en la misma línea, pero aclaró que la entidad de control no se va a oponer al principio de oportunidad para los Nule, pues éste estará condicionado a que en un año se indemnice a las víctimas, que son las entidades públicas.

Con esta salvaguarda no habrá oposición, recalcó la contralora. Además, el organismo seguirá adelante con cinco procesos más que involucran a los Nule y persistirá en una acción popular que los responsabiliza del daño al patrimonio. “No dependemos de la Fiscalía para cumplir nuestras obligaciones”, puntualizó.
Pelea por principio de oportunidad

Del principio de oportunidad para los Nule viene hablándose desde antes de que se entregaran a la justicia. En abril de 2011, ya en Colombia, sólo aceptaron un delito: peculado. Entonces volvió a tomar fuerza la versión judicial del principio de oportunidad para evitar cuatro delitos, a cambio de ser testigos de excepción en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.

A principios de 2012 la Fiscalía anunció que los Nule tendrían principio de oportunidad parcial, y la Contraloría logró fortalecer su tesis: si no hay devolución de dineros para las víctimas de las defraudaciones, no hay negociación. El próximo 11 de abril y ante un juez de garantías deberá realizarse la audiencia que define la suerte inmediata de los polémicos empresarios.

Fuente: elespectador.com
07 de abril e 2012

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