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Septiembre 29, 2014

Pelea por los cursos para infractores de tránsito

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La Secretaría de Movilidad emprendió una pelea por recuperar la actividad, además de un predio que una firma particular no ha querido devolverle.

Cada vez que a un ciudadano le imponen una multa de tránsito puede recibir un 50% de descuento si acude a un curso pedagógico, que dictan empresas particulares en todo el país. En el caso de la capital, esto ha sido motivo de un enfrentamiento entre el Distrito y la empresa Ciatrán, que actualmente es la única que puede dictar este curso a los infractores, de acuerdo con el permiso que le dio el Ministerio de Transporte.

La pelea no es de poca monta. Tan sólo en 2012, cuando la Secretaría también tuvo la potestad para dictar cursos —en su sede ubicada en la calle 13— calculaba recaudar $20 mil millones por esta labor, de manera que no todos los recursos se quedarán en los bolsillos de los particulares y, en cambio, destinarlos en campañas pedagógicas en seguridad vial para la ciudad. De hecho, entre 2011 y 2013, Movilidad tuvo que darle $2.421 millones a Ciatrán por los cursos que dictaron, una suma que sólo corresponde al 20% de los talleres que esta sociedad había dictado.

Por esta razón la Secretaría quiere recuperar la facultad de ser la entidad pública encargada de dictarlos. Y aunque lo pudo hacer durante dos años, hace poco la Superintendencia de Puertos y Transporte le suspendió esta facultad, al considerar que no cumplía con los requisitos para hacerlo, protegiendo de paso a la empresa particular que los realiza.

TRANSITO-DOS

Una de las sedes de la empresa Ciatrán opera en la calle 13 con carrera 36, frente al Supercade.

Quien comenzó la batalla por los cursos al comenzar la administración de Gustavo Petro fue la exsecretaria de Movilidad, Ana Luisa Flechas, como lo señalan documentos y derechos de petición respondidos a la concejal María Fernanda Rojas. Luego de que en enero de 2012 el Gobierno Nacional autorizara nuevamente a los organismos de tránsito de las ciudades para dictar los cursos pedagógicos a los infractores de tránsito. En 2011 la entidad pública dejó de dictar los cursos por orden del Ministerio de Transporte y la Secretaría General firmó un contrato en junio de este año con la empresa Ciatrán para entregarle esta tarea y luego Movilidad le permitió usar los espacios del Supercade de la calle 13 para ello.

Así que en abril de 2012, cuando estaba a punto de terminar el contrato (que se vencía el 11 de julio), Ana Luisa Flechas comenzó los trámites para recuperar el espacio del Supercade de la calle 13, pues consideró que la Secretaría tenía la capacidad para asumir la demanda de cursos en la ciudad. Sin embargo, la empresa particular se negó a entregarlos, incluso comenzó a usar estrategias como ‘impulsadoras’ para que atrajeran a los ciudadanos a realizar los cursos con ellos. Esto pese a que tiene otras sedes en la calle 13, frente al Supercade, en la calle 197, la calle 106 y en Unicentro.

La puja por el espacio del Supercade calle 13 pasó a manos de los jueces en marzo de 2013, cuando la Secretaría General, como responsable del contrato con Ciatrán, comenzó el proceso jurídico para restituir el predio al Distrito. Pero curiosamente, luego de la salida de Flechas, su sucesor, Rafael Rodríguez, le pidió a la Secretaría General desistir de las acciones legales en junio de 2013.

“No está sustentado por qué el Distrito desistió de esta estrategia legal. Hoy el resultado que tenemos es que el Distrito está perdiendo la oportunidad de recaudar una suma importante de dinero: $20 mil millones, que significan casi el presupuesto de las localidades de Chapinero y Teusaquillo. En los buenos negocios el Estado termina desistiendo de una actividad con la que podría obtener grandes recursos”, dice la concejal María Fernanda Rojas quien cuestiona que el proceso judicial se haya estancado mientras Rafael Rodríguez estuvo a cargo.

Cabe recordar que el exsecretario también ha sido criticado por las prórrogas hechas a contratos como el del consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (por el que lo investiga la procuraduría) y la cesión del de grúas y patios.

Por otra parte, después de que en diciembre de 2013 la Superintendencia de Puertos y Transportes ordenó a Movilidad que suspendiera los cursos pedagógicos a su cargo y pese a que la entidad intentó apelar la medida, desde julio pasado no ha dictado más talleres. De manera que en este momento los recursos están aumentando las arcas de Ciatrán.

La actual secretaria de Movilidad, Constanza García, le dijo a este diario que la entidad se reunió con la Superintendencia hace un mes y la conclusión fue que la Secretaría debe cumplir los mismos requisitos de los Centros Integrales de Atención, como Ciatrán, para hacer los cursos pedagógicos. También dijo que le han informado del proceso a la Secretaría General para que retome el caso de la restitución del predio de la calle 13.

Mientras la pedagogía para infractores sigue siendo un negocio redondo para Ciatrán —que también opera en Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué y Popayán— la Secretaría de Movilidad espera conseguir pronto el aval para volver a dictar los cursos, recuperar el predio del Supercade calle 13 y lograr que el dinero se quede en el erario.

Fuente: El Espectador

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