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Diciembre 15, 2015

Licitación del SITP, ante un juez penal

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Written by: Metro en Bogotá
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La adjudicación de las 13 zonas de operación exclusiva del SITP, al parecer, no fue ajena a la corrupción que rondó la administración del exalcalde Samuel Moreno. Por eso, la Fiscalía les formulará imputación a cinco exfuncionarios que habrían cometido irregularidades en el proceso. Se trata de Francisco Álvarez, exsecretario de Movilidad; Martha Hernández, exsubsecretaria de Movilidad; los exgerentes de Transmilenio (TM) Fernando Rojas y Fernando Páez, y Javier Hernández, exgerente estructurador del SITP. A ellos los procesan por contrato sin requisitos legales, peculado e interés indebido en contratos.

La adjudicación de las 13 zonas de operación exclusiva del SITP, al parecer, no fue ajena a la corrupción que rondó la administración del exalcalde Samuel Moreno.

La adjudicación de las 13 zonas de operación exclusiva del SITP, al parecer, no fue ajena a la corrupción que rondó la administración del exalcalde Samuel Moreno.

Según la Fiscalía, en 2009, cuando se abrió licitación para adjudicar zonas de operación del SITP, Transmilenio le encomendó a la Secretaría de Movilidad la evaluación de las ofertas. Esta, a su vez, firmó un convenio interadministrativo por $1.800 millones con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la cual tampoco hizo la evaluación, sino que subcontrató otra empresa.

Tras una cascada de subcontratos, el proceso quedó en manos de KPMG, a la que le pagaron $1.200 millones. Es decir, se embolataron $600 millones en estos trámites.

Sin embargo, el resultado de la evaluación no satisfizo a las directivas de TM, debido a que el informe descalificaba a la mayoría de empresas que se presentaron. Ante este panorama, lo que hicieron las directivas de Transmilenio fue ignorar el resultado de la evaluación y adjudicaron sin importar que las empresas no cumplían los requisitos. Esto, sumado a denuncias de posibles sobornos a las empresas operadoras para asignarles algunas zonas, llevó a la Fiscalía a indagar. Hoy cuenta con testimonios y evidencias con los que espera llevar a los exfuncionarios ante un juez de la República.

Frente a este escándalo, César González, vocero del SITP, señaló que desconoce los detalles de la investigación, pero que espera que se imponga la ley. “Espero que las investigaciones avancen lo más rápidamente posible. Ojalá la verdad brille”. Frente a las implicaciones que podría tener este proceso en los contratos, respondió que no sabe qué podría ocurrir.

El Espectador

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