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Septiembre 14, 2015

Distrito tendría que prorrogar nuevamente los contratos de la Fase I y II de TransMilenio en el caso de no iniciar una licitación

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Written by: Metro en Bogotá

Tomado de Minuto 30

En concepto de la Contraloría, es claro que dentro de la planeación, el Distrito debe iniciar de manera oportuna los estudios técnicos, diseños y pliegos de condiciones para Licitación Pública, con el objetivo de seleccionar el contratista y garantizar así la moralidad y transparencia en el proceso, lo cual deberá redundar en una mejor prestación del servicio para el pasajero.

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El Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, advirtió al Distrito acerca de la grave situación que puede presentarse de no tramitarse los procesos contractuales tendientes a la selección de los operadores del Subsistema TransMilenio en las Troncales de las Fases I y II, toda vez que en los meses de agosto y septiembre de 2016, culmina la extensión del plazo del contrato de dos operadores (Express del Futuro y Metrobus).

Preocupa al organismo de control que por no tenerse una planeación objetiva, se desconozca que un proceso de selección mediante la modalidad de Licitación Pública conlleva como mínimo un término de un año, adicionalmente a lo anterior, se debe tener en cuenta que los concesionarios seleccionados requieren de un plazo no inferior a seis meses para adelantar el proceso de importación, alistamiento de la flota, ensamblaje, trámite de matrículas e instalación de dispositivos de control, entre otros.

Posteriormente, viene la etapa de cumplimiento de requisitos para operar como lo es el cierre financiero, etapa que toma mínimo cuatro meses.

Es así que de no darse un proceso contractual claro, oportuno y que responda a criterios técnicos, el Distrito se verá abocado a continuar con la ejecución de unos contratos que vienen ocasionando que el servicio público de transporte masivo actualmente no se preste con las mejores condiciones.

Para el Contralor Ardila es claro que Bogotá no soportaría una adición o prórroga en los actuales contratos, porque se atentaría contra la seguridad, integridad y dignidad del usuario y no se garantizaría la transparencia dentro del proceso de selección.

Esta advertencia se hace luego de evaluar la modificación realizada a los Contratos de Concesión suscritos en el año 2000 y 2003, por TRANSMILENIO S.A. con las sociedades EXPRESS DEL FUTURO S.A., CONEXIÓN MOVIL S.A., METROBUS S.A., SI-99 S.A., INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE MASIVO S.A., SOMOS K S.A. y TRANSMASIVO S.A.

Fue así como se estableció que la administración del alcalde Gustavo Petro, tomó la decisión de modificar las condiciones iniciales de los Contratos de Concesión para la operación de las Fases I y II en el mes de mayo de 2013, suprimiendo el Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK) y el factor de distribución por efectos de la Velocidad de Operación Comercial (AVI), beneficiando así a los operadores en la ampliación del plazo de ejecución de los correspondientes contratos.

Llama la atención que al suprimir el IPK y el AVI, considerados factores de regulación en la prestación del servicio, (lo cual permitía atender la demanda de pasajeros en mejores condiciones) y en su lugar migrar a una equivalencia de pago por kilómetro, se benefició de manera directa a los concesionarios troncales de las Fases I y II, con la consecuente ampliación de sus contratos en 240 mil kilómetros programados promedio, adicionales a los 850 mil inicialmente pactados, con lo cual, la duración de los mismos se extiende hasta cuando la flota del concesionario complete en promedio 1.090.000 kilómetros en servicio recorridos.

En concepto de la Contraloría de Bogotá la negociación se llevó a cabo con base en el argumento que al Distrito Capital le representaba un beneficio en la de la Tarifa Técnica, beneficiando a los operadores y desmejorando la calidad, oportunidad y dignidad del servicio para los usuarios, teniendo en cuenta el incremento natural de la demanda, el desmonte de rutas de transporte colectivo, la entrada en operación del corredor en Soacha y la entrada en operación del SITP Zonal.

Ante estos hechos, el Contralor Ardila llamo la atención del alcalde Gustavo Petro sobre el inicio del trámite de la correspondiente Licitación Pública, toda vez que de no hacerlo se atentaría contra la dignidad, seguridad e integridad de los usuarios, así como la moralidad y transparencia en la selección objetiva de los contratistas.

La Administración Distrital cuenta con diez días para responder a la Contraloría de Bogotá sobre los cuestionamientos planteados, con el objetivo de garantizar un proceso contractual transparente y oportuno.






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