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Diciembre 13, 2013

¿Está Petro por encima de la ley?

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Written by: Metro en Bogotá
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La reciente destitución e inhabilidad por 15 años aplicada al alcalde mayor Gustavo Petro, ha abierto una polémica sobre las facultades y el alcance del poder con el que hoy cuenta el Procurador General de la Nación.

Es legítimo que el Alcalde Petro esté en desacuerdo con la decisión del Procurador, pero es inaceptable que paralice a la Administración convocando funcionarios públicos, que utilice el canal institucional de la ciudad para divulgar su mensaje, que malgaste recursos públicos para financiar las manifestaciones, y que promueva mensajes de odio y resentimiento.

La destitución e inhabilidad del Alcalde por 15 años para ejercer cargos públicos, pudo haber sido exagerada, sin embargo, la Constitución –aprobada por la Constituyente de 1991 en la que la Alianza Democrática M-19 participó–, el Código Disciplinario de 2002 aprobado por todas las bancadas en el Congreso –incluyendo al entonces Representante Gustavo Petro– disponen y establecen este tipo de sanciones.

No obstante, es necesario abrir el debate sobre las facultades de la Procuraduría, pero bajo ninguna circunstancia, éste debe hacerse entorno a favorecer a un funcionario en particular.

Este organismo ha destituido y sancionado en los últimos 6 años casi 800 alcaldes, 23 gobernadores, concejales, exministros y directores de entidades nacionales, entre otros. Y asombra, que durante este periodo, el entonces Senador quien votó a favor del actual Procurador, y candidato a la presidencia Gustavo Petro, nunca se manifestó en contra de dichas sanciones.

El Alcalde se ha caracterizado por su desconocimiento e inobservancia de la ley, la arbitrariedad, la improvisación, el desorden administrativo y la ineficiencia. Hoy, la destitución, confirma las advertencias que se produjeron en el momento oportuno desde el Concejo y desde los organismos de control.

Un año después de ocurridos los hechos por las cuales hoy se destituye al Alcalde, el modelo de basuras nunca despegó. La inclusión de recicladores en el esquema no se ha dado, los mismos operadores privados –cuestionados en su momento por el Alcalde– siguen siendo contratados ‘a dedo’, y la Contraloría Distrital ha anunciado presuntos detrimentos patrimoniales por la compra desproporcionada de compactadores que no se han utilizado, el alquiler de compactadores chatarra y las posibles irregularidades en las finanzas de Aguas de Bogotá.

La reciente destitución e inhabilidad por 15 años aplicada al alcalde mayor Gustavo Petro, ha abierto una polémica sobre las facultades y el alcance del poder con el que hoy cuenta el Procurador General de la Nación.El día en que el Alcalde se posesionó, juró cumplir cabalmente la Constitución y las leyes. Desafortunadamente, con sus constantes y recientes actuaciones, éste ha demostrado incumplir aquellas normas que no le convienen o desatender aquellas decisiones que no le favorecen.

El Alcalde tiene derecho a defenderse y al debido proceso, como todos los colombianos, pero con sus pronunciamientos desde el balcón del Palacio de Liévano, se parece más al caudillismo que critica y se aparta del talante democrático que ha aparentado en los últimos años. Por más controversial que sea la decisión del Procurador, el Alcalde no tiene derecho a tratar de instaurar un régimen de miedo en la ciudad para desconocer la ley.

Hoy, en el marco de un proceso de paz, desatender las decisiones judiciales y disciplinarias a través de manifestaciones populares, y controvertir la legalidad con llamados a la rebelión, es un mensaje desafortunado para quienes pretenden dejar las armas para hacer política. Al Alcalde se le olvida, que haber pertenecido a un grupo al margen de la ley, no le da licencia para estar por encima de la misma. La legalidad y el cumplimiento de las normas es la garantía de los ciudadanos frente a sus gobernantes.

 

Miguel Uribe Turbay

El Tiempo

 

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