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Enero 12, 2014

Los tres escenarios de Petro frente a la destitución del Procurador

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Written by: Metro en Bogotá
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Esta semana será definitiva para el Alcalde. El Ministerio Publico ratificaría fallo en su contra.

La que comienza promete ser una semana sin antecedentes en la historia de Bogotá: Gustavo Petro podría convertirse en el primer alcalde mayor –y en ejercicio– en ser destituido por la Procuraduría General de la Nación.

El pasado viernes, seguidores del alcalde Petro salieron a las calles a manifestar su apoyo.

El pasado viernes, seguidores del alcalde Petro salieron a las calles a manifestar su apoyo.

Tras la decisión de la viceprocuradora, Martha Isabel Castañeda Curvelo, de declarar infundada la recusación formulada por Petro contra ella y contra los procuradores delegados de la sala disciplinaria –que tienen a su cargo el proceso–, lo que sigue ahora es resolver el recurso de reposición del Alcalde y de sus abogados. (Lea también: ¿Qué puede responder la Comisión Interamericana?).

Para esta semana está previsto que el procurador Alejandro Ordóñez se pronuncie sobre la recusación del alcalde Petro en su contra (se presume que la rechazará), tras lo cual, en cualquier momento habría respuesta al recurso de reposición y fallo definitivo por parte del ente de control. (Lea también: Petro: que sea el ciudadano el que se pronuncie sobre destitución).

Según la Procuraduría, el Alcalde actuó irregularmente porque impuso un monopolio público del aseo, que no está contemplado en la ley, violó la libre competencia y generó una crisis en ese servicio los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2012.

El Ministerio Público ha hecho saber que no tiene intención de dilatar una decisión. Y teniendo en cuenta procesos anteriores contra gobernadores y otros alcaldes, se prevé que ratifique el fallo del 9 de diciembre, en el que destituyó e inhabilitó a Petro para ocupar cargos públicos por 15 años.

Tan convencidos están de un fallo adverso, que el Alcalde y sus abogados se jugaron una carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que le pidieron adoptar una medida cautelar para obligar a suspender el fallo de la Procuraduría. El jueves el Gobierno Nacional tuvo que enviarle a la CIDH información sobre el caso.

Destitución ejecutoriada

Así las cosas, al alcalde Petro le esperan tres escenarios. El primero, que podría quedar consolidado esta semana, es que se ratifique la destitución y no llegue, como espera Petro, una solicitud de medida cautelar de la CIDH para que se suspenda la medida o sus efectos.

En este caso, el presidente Juan Manuel Santos tendría que nombrar un reemplazo temporal y convocar unas elecciones para elegir nuevo alcalde. Esto dejaría sin efecto la revocatoria convocada para el 2 de marzo por la Registraduría, porque ya no habría a quién revocar

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Con un fallo de destitución ejecutoriado, a Petro le quedarían entonces dos caminos: una tutela contra el fallo, que solo quedaría en firme después de que se resuelvan las diferentes instancias, y una demanda de nulidad ante la justicia contencioso-administrativa, en la que podría pedir una suspensión del fallo. En las dos opciones el tema sería de meses, mínimo cuatro. Y en ambos casos, Petro tendría que dar esta pelea estando por fuera de la Alcaldía.

Debate por las medidas

Los otros dos escenarios dependen de si hay una intervención de la CIDH. En el Gobierno Nacional existe una intensa discusión sobre los escenarios que se presentarían si la Comisión decide otorgarle al Alcalde de Bogotá las medidas cautelares que solicitó por la destitución e inhabilidad que le decretó la Procuraduría.

El debate entre los asesores jurídicos del Gobierno radica en la forma en la que se debe proceder si esas medidas son decretadas antes de que el Ministerio Público ratifique su decisión.

Para expertos internacionalistas, las medidas cautelares, si la CIDH decide solicitarlas, no son vinculantes para el Estado, lo que se traduce en que Colombia no estaría obligada a ejecutarlas. Sin embargo, la tradición jurídica del país ha sido aplicarlas.

Analistas consultados por este diario coinciden en que la aplicación o no de esas medidas dependería de una decisión autónoma del Jefe de Estado, quien podría optar por “blindarla” con un concepto jurídico de la Sala de Consulta del Consejo de Estado.

Carlos Patiño, internacionalista de la Universidad Nacional, aseguró que si la CIDH accede a la petición de Petro, “no se frena el fallo, porque la Procuraduría ha hecho uso de un poder determinado constitucionalmente”, por lo que “le tocaría al Presidente de la República consultar al Consejo de Estado sobre si debe o no acatar esas medidas”.

Colombia es respetuosa de los estamentos internacionales, pero también defiende su institucionalidad y ordenamiento jurídico. De hecho, así se lo expresó a la misma Comisión Interamericana en la respuesta que le remitió esta semana, luego de que ese organismo solicitara información sobre el caso Petro.

El catedrático Ricardo Avello, de la Universidad del Rosario, quien reiteró que las medidas cautelares de la CIDH “no son obligatorias, aunque el Estado siempre las cumpla”, explicó que, a su juicio, solo una directriz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, superior jerárquico de la Comisión, “sería vinculante”.

El artículo 25 del reglamento de la Comisión indica que “podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares”. El verbo “podrá” es lo que, a juicio de los expertos, no haría obligatorio su cumplimiento. En contraste, el artículo 27 del reglamento de la Corte reza que “podrá ordenar las medidas provisionales”.

El escenario más difícil

El debate más fuerte se presenta en cómo proceder si las medidas cautelares llegan después de que se ratifique el fallo de la Procuraduría, ya que, probablemente, se habría designado un alcalde encargado y convocado elecciones atípicas.

Si el Estado decide aplicar las medidas cautelares, claramente, en estas circunstancias, se vería obligado a revertir una serie de medidas que jurídicamente ya estarían ejecutadas.

A juicio del constitucionalista Darío Martínez, “si el Alcalde ya está desvinculado jurídicamente y está fuera del cargo, llamémoslo desvinculado físicamente, tendría que ser reintegrado”. Este jurista es de la tesis de que las medidas sí serían vinculantes para Colombia.

Para Juan Carlos Rodríguez, director del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, el panorama no es tan claro. En su opinión, la decisión sería “un gran dilema para Santos”.

Todos estos escenarios son analizados en el Gobierno, ya que sería la primera vez que un organismo internacional intervendría para frenar una decisión de tipo disciplinario en el interior del Estado colombiano.

El Tiempo

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