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Enero 20, 2014

El laberinto jurídico de Gustavo Petro

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Written by: Metro en Bogotá
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Desde hace 40 días, por cuenta de la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la ciudad está inmersa en un limbo jurídico que nadie sabe en qué va a terminar. De la noche a la mañana, más allá de las concentraciones de apoyo al mandatario o de los comentarios políticos en favor del procurador Alejandro Ordóñez, sin proponérselo los ciudadanos asisten diariamente a un curso intensivo de derecho, en medio de un laberinto de normas, recursos, instancias o demandas, típico en este país de abogados.

El panorama del alcalde es una telaraña de caminos que incluyen al presidente Juan Manuel Santos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los jueces de tribunales y juzgados colombianos.

El panorama del alcalde es una telaraña de caminos que incluyen al presidente Juan Manuel Santos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los jueces de tribunales y juzgados colombianos.

El pasado 9 de diciembre la Procuraduría destituyó a Gustavo Petro y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos. De inmediato se puso en marcha la llamada “tutelatón”, una maratónica jornada de seguidores del alcalde para recaudar firmas de apoyo a su causa e interponer el mayor número de tutelas en juzgados y tribunales, argumentando violación a los derechos políticos del burgomaestre y de sus electores. En pocos días la cantidad de recursos llegó a casi mil reclamos judiciales.

Mientras la “tutelatón” producía sus efectos, la defensa de Petro optó por dos caminos. Primero, el alcalde viajó a Washington para refrendar su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de medidas cautelares en defensa de sus garantías individuales y, de paso, para que el organismo diga si un funcionario administrativo puede sacar de su cargo a uno electo por el pueblo. En Bogotá, sus abogados recusaron al procurador con el mismo argumento esgrimido en Washington: una supuesta persecución ideológica.

Aunque el rifirrafe entre la Procuraduría y Petro quedó en primer plano, de tiempo atrás se venía configurando otro escenario jurídico: el intento de revocatoria del mandato del alcalde. Liderado por el representante Miguel Gómez, este mecanismo tuvo como antecedente la recolección de firmas y el aval de la Registraduría. La fecha de convocatoria a las urnas para revocar o ratificar a Petro en su cargo quedó para el 2 de marzo. Sin embargo, quedó sujeta a que la Procuraduría no confirmara antes la destitución del mandatario de Bogotá.

Así sucedió. El pasado lunes 13 de enero el Ministerio Público mantuvo su fallo de destitución del alcalde. El proceso de revocatoria quedó en veremos. Entonces, 24 horas después, saltó la liebre. El magistrado de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca José María Armenta, en respuesta a una de las centenares de tutelas, suspendió los efectos del fallo contra Petro y le pidió al presidente Juan Manuel Santos abstenerse de ejecutar la sentencia del procurador hasta que el Tribunal resuelva el caso.

En cosa de pocas horas ya se estaban estructurando quejas disciplinarias contra el magistrado Armenta y denuncias de carácter penal por, supuestamente, tomar decisiones contra el derecho. Entre tanto, las otras tutelas también empezaron a causar efectos. Una de ellas ordenó revisar las versiones de un presunto complot en contra del alcalde. En breve se esperan otras determinaciones para tratar de resolver el lío generado en la capital y el viernes pasado ya se conoció la primera: el Tribunal de Cundinamarca negó la tutela que presentó el propio Petro para que se suspendiera la sanción en su contra.

Aunque la medida adoptada por el magistrado Armenta tranquilizó a los petristas, el procurador y los suyos salieron a decir que esa decisión no tiene efectos porque Petro no se ha notificado y, por ende, no hay fallo por suspender. En tal sentido, siguen aferrados a que el 29 de enero es la fecha en que el presidente Santos recibirá la destitución para que la haga efectiva. De ser así, Petro y sus defensores pretenden que Santos haga uso de la figura de excepción de inconstitucionalidad, es decir, que se niegue a ejecutar la sanción por encontrarla contraria a la Carta Política.

Hasta ahí están las piezas del ajedrez entre la Procuraduría y Petro. Lo que nadie esperaba es que otros funcionarios públicos se metieran a este laberinto jurídico. El primero de ellos, el mismísimo fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien con encendido verbo ha dicho que, en contravía de lo que piensan el procurador y sus simpatizantes, el Estado no puede desconocer el mandato de la Comisión Interamericana de DD.HH. y que el país no puede volver a un sistema penal de carácter inquisitivo.

Los entendidos dicen que, sin nombrarlo, Montealegre le está ‘cantando la tabla’ al procurador Ordóñez. Además, ya se ha dicho que la Fiscalía va a investigar si hubo delitos en el proceso de sanción a Petro, al tiempo que se especula que podría abrirse otro proceso por el presunto complot contra el alcalde. Escenarios jurídicos tan inciertos como los que ya se anuncian desde la Contraloría Distrital o la Personería de Bogotá, por casos de supuesto detrimento patrimonial o la presunta conformación de un cartel de empresas de aseo.

En síntesis, el laberinto del caso Petro va para largo. Ya el procurador dijo que va a evaluar la conducta de otros funcionarios del Distrito que salieron a apoyar a Petro y hay quienes señalan al alcalde de participación en política por dejarse acompañar en el balcón del Palacio Liévano por aspirantes al Congreso y la Presidencia. Eso sin contar las demandas que ya se preparan ante el Consejo de Estado para tratar de anular la destitución de Petro.

Es decir, los abogados tienen el futuro de la ciudad en sus manos, mientras los ciudadanos hacen un curso intensivo de derecho.

‘No hay un golpe de Estado’: Ordóñez

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, salió en los últimos días en diferentes medios de comunicación argumentando su postura frente al fallo que el Ministerio Público emitió y que dejaría al alcalde Gustavo Petro por fuera de la arena política durante 15 años. El procurador ha sido enfático en que el presidente debe “cumplir” y acatar el fallo en segunda instancia de la Procuraduría. Además, aseguró que no existe un golpe de Estado en contra de Petro: “Lo que afecta a la democracia es pretender que haya funcionarios públicos que estén por encima de la institucionalidad. Eso desfigura el ordenamiento jurídico, eso sería lo que pondría en riesgo a la democracia: erigirse en funcionarios sin control”. Frente a las competencias que tiene la Procuraduría, Ordóñez señaló que la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-028 de 2006) ha reafirmado su competencia para juzgar a servidores públicos elegidos por voto popular.

Manuel Sánchez hablará del complot

Después de que el pasado viernes el Tribunal Administrativo de Cundinamarca escuchara a Emilio Tapia (cerebro del cartel de la contratación y testigo de la Fiscalía), quien refrendó la versión de que empresarios, concejales y particulares orquestaron un complot contra el plan de basuras de Gustavo Petro, esta semana será el turno para Manuel Sánchez, abogado especialista en contratación estatal.

Sánchez, quien también llegó a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de su colaboración, asegura igualmente haber sido testigo de cómo algunas personas se habrían unido para obstaculizar la implementación del nuevo esquema de recolección de basuras y así generar un caos en la ciudad que llevara a la salida del alcalde de su cargo.

Estos testimonios los conoce el Tribunal en el marco de una de las 36 tutelas que allí se han radicado con la pretensión de proteger los derechos políticos de Petro.

El Espectador

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Un comentario


  1. Henry

    Que ironía, la tutela se creó para salvaguardar los derechos y se utiliza ahora para mantener en su cargo a los funcionarios sancionados, prevalece un supuesto derecho político sobre el derecho de los ciudadanos a ser gobernados con transparencia, cumpliendo las normas y los procesos administrativos que finalmente es para lo que se elige a un funcionario público. Se habla de incumplimiento del debido proceso cuando se ha informado paso a paso el procedimiento y cumplimiento de la constitución por parte de la Procuraduría, pero no se determina nada sobre el manejo político que el ex-alcalde y progresistas le han dado a la sanción y a la revocatoria, los trucos jurídicos parecen más legítimos que la ley y las instituciones, ese es el mensaje que deja claro todo este proceso.



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